Escucha el resumen
Las claves de esta historia en 1:40 min
Resumen generado con IA y revisado por WHAT FOLLOWS.
Una explosión nuclear podía terminar dentro de un diente de leche.
En 1961, la investigadora Louise Z. Reiss publicó en la revista Science un trabajo sobre la presencia de estroncio-90 en dientes infantiles. El material procedía de las pruebas nucleares atmosféricas y había llegado hasta niños de St. Louis, en Estados Unidos, lejos de muchos de los lugares donde se realizaban aquellas detonaciones.
El recorrido era tan extraordinario como inquietante.
Una bomba explotaba. Parte de los materiales radiactivos ascendía a la atmósfera, viajaba con las corrientes de aire y acababa depositándose sobre la superficie terrestre. Desde allí podía incorporarse a la cadena alimentaria.
El estroncio-90 tiene una particularidad: se comporta químicamente de forma parecida al calcio y puede quedar incorporado a los huesos y los dientes durante su formación.
Así, un acontecimiento ocurrido a miles de kilómetros dejaba una señal medible dentro del organismo de un niño.
Los dientes no demostraban que aquellos niños hubieran desarrollado cáncer ni permitían atribuirles enfermedades concretas. Revelaban algo que hasta entonces resultaba mucho más difícil de observar directamente: el material liberado por las pruebas nucleares estaba entrando en cuerpos humanos.
Y aquellas explosiones estaban lejos de ser acontecimientos excepcionales.
Dos mil explosiones para perfeccionar un arma
Entre 1945 y 1996 se realizaron más de 2.000 pruebas nucleares.
Dos mil.
La primera bomba atómica ya había demostrado en 1945 su capacidad destructiva. ¿Para qué seguir detonando tantas?
Porque los arsenales nucleares no eran una colección de copias de aquella primera bomba. Durante la Guerra Fría se desarrollaron nuevas potencias, diseños, materiales y mecanismos de detonación. Los Estados querían comprobar cómo funcionaban sus armas, mejorar su fiabilidad y estudiar los efectos de las explosiones.
También existía una lógica estratégica: conocer la capacidad del propio arsenal era parte de la competencia militar entre potencias.
Cada ensayo proporcionaba información técnica. Algunos, además, convertían la atmósfera en una vía de dispersión radiactiva.
Naciones Unidas contabiliza 530 pruebas atmosféricas. Dependiendo de la potencia, la altitud y las condiciones meteorológicas, los materiales liberados podían caer cerca del lugar de la explosión o recorrer grandes distancias antes de depositarse.
Las partículas más finas llegaron a distribuirse por amplias regiones del planeta. Así pudieron aparecer restos de aquellas pruebas en lugares que nunca habían albergado una instalación nuclear.
En 1963, el Tratado de Prohibición Parcial impulsó el traslado de buena parte de los ensayos al subsuelo.
La diferencia física era decisiva. Mientras una explosión atmosférica podía dispersar materiales radiactivos, una subterránea buscaba confinarlos dentro de las formaciones geológicas.
La dispersión global disminuyó considerablemente. Sin embargo, los materiales permanecían bajo tierra y algunas pruebas produjeron escapes.
Lo que habían encontrado los investigadores en St. Louis mostraba el alcance mundial de la contaminación atmosférica. Pero aquella huella, generalmente pequeña a grandes distancias, ocultaba una desigualdad enorme.
En determinados lugares, el fallout había sido mucho más intenso.
Cuando la nube llegó a las Islas Marshall
El 1 de marzo de 1954, Estados Unidos detonó una bomba termonuclear en el atolón de Bikini, en las Islas Marshall.
La prueba se llamó Castle Bravo y liberó una energía equivalente a unos quince millones de toneladas de TNT. Su potencia fue considerablemente mayor de lo previsto.
La lluvia radiactiva alcanzó atolones habitados situados a sotavento de la explosión.
Entre ellos estaban Rongelap y Utrik. Sus habitantes fueron evacuados después de haber recibido exposición radiactiva. Los programas médicos estadounidenses documentaron lesiones tempranas y la incorporación de materiales radiactivos al organismo.
La distancia respecto al lugar de la detonación, la dirección del viento, el momento de la deposición y los alimentos consumidos podían modificar enormemente las dosis recibidas.
Por eso el descubrimiento de estroncio-90 en dientes infantiles estadounidenses y lo ocurrido en las Marshall pertenecen a una misma historia física, pero describen situaciones sanitarias muy distintas.
Una reconstrucción del National Cancer Institute estadounidense y otros investigadores permite dimensionar esa diferencia.
Para el conjunto de la población de las Marshall considerada en el análisis, el modelo estimó que alrededor del 1,6% de los cánceres desarrollados a lo largo de la vida podría atribuirse a la exposición procedente de las pruebas.
En un pequeño grupo de 82 personas de Rongelap y Ailinginae expuesto en 1954, la estimación alcanzaba el 55%.
Son cálculos de riesgo poblacional, con márgenes de incertidumbre importantes. No equivalen a identificar la causa de cada cáncer individual.
Pero la distancia entre ambas cifras muestra hasta qué punto el lugar donde alguien vivía podía cambiar las consecuencias de un mismo programa nuclear.
Y el daño no se limitó a la exposición inicial.
Las comunidades afectadas tuvieron que afrontar desplazamientos, restricciones territoriales, problemas sanitarios y una relación profundamente alterada con lugares donde habían vivido durante generaciones.
La explosión había terminado. Recuperar las condiciones para vivir allí era otro problema.
El problema de volver a casa
Estados Unidos utilizó los atolones de Bikini y Enewetak como lugares de ensayo entre 1946 y 1958.
Las detonaciones dejaron contaminación en distintos territorios y obligaron a desplazar comunidades. El caso de Bikini es especialmente revelador: después de un intento de regreso, sus habitantes tuvieron que ser evacuados nuevamente.
Volver a una isla no consiste únicamente en comprobar si alguien puede permanecer allí unas horas sin exponerse a una dosis peligrosa.
Hay que estudiar el suelo, los alimentos que pueden cultivarse o consumirse, las fuentes de agua y las condiciones de exposición a lo largo del tiempo.
En 2026, el Departamento de Energía estadounidense seguía manteniendo programas de vigilancia ambiental en Bikini, Enewetak, Rongelap y Utrik.
Mientras tanto, la reparación ha seguido un camino considerablemente más lento de lo que permite imaginar la precisión de la tecnología nuclear.
Un acuerdo entre Estados Unidos y las Islas Marshall estableció un fondo de 150 millones de dólares y un tribunal para atender las reclamaciones relacionadas con las pruebas.
El tribunal concedió indemnizaciones por daños a la propiedad que no pudieron abonarse íntegramente por falta de fondos. La Oficina de Responsabilidad Gubernamental estadounidense todavía documentaba esas obligaciones pendientes en 2024.
El contraste resulta difícil de ignorar: fue posible desarrollar, perfeccionar y detonar armas de una complejidad extraordinaria, pero cerrar las consecuencias económicas y territoriales de aquellas decisiones sigue siendo una tarea inconclusa.
En octubre de 2026, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas volvió a abordar formalmente el legado nuclear de las Islas Marshall.
La resolución aprobada pidió continuar la asistencia técnica y los trabajos relacionados con la justicia, la reparación y las dificultades que siguen encontrando las comunidades afectadas.
Ochenta años después de los primeros ensayos estadounidenses en el archipiélago, Naciones Unidas seguía tratando sus consecuencias como un asunto abierto.
Limpiar una tierra no significa recuperar todo lo perdido
La persistencia de este legado no es exclusiva del Pacífico.
En Nevada, Estados Unidos realizó centenares de pruebas nucleares. Parte de la contaminación atmosférica alcanzó a poblaciones situadas a sotavento del polígono.
Décadas después, la exposición histórica continúa teniendo consecuencias legales. Tras una reforma aprobada en 2025, el sistema federal de compensaciones permite presentar determinadas reclamaciones hasta finales de 2027.
En Australia, la historia adoptó otra forma.
El Reino Unido realizó pruebas nucleares en Maralinga con autorización del Gobierno australiano. La contaminación posterior hizo necesarias grandes operaciones de rehabilitación ambiental, prolongadas durante años.
En 2009, el antiguo emplazamiento fue devuelto formalmente a sus propietarios tradicionales, los Maralinga Tjarutja.
Pero la devolución no significó que todo el territorio recuperara exactamente las mismas condiciones de uso.
Todavía existe una zona restringida y no residencial alrededor de Taranaki. La autoridad australiana de protección radiológica mantiene programas de vigilancia y considera seguros los usos actualmente autorizados del territorio rehabilitado.
Maralinga muestra que la recuperación puede ser real sin borrar todas las consecuencias.
La limpieza reduce riesgos. La vigilancia permite comprobar las condiciones de seguridad. La devolución restituye derechos sobre la tierra.
Ninguna de esas actuaciones puede recuperar por sí sola los años de desplazamiento o reconstruir exactamente la relación que una comunidad mantenía con su territorio antes de las pruebas.
Lo que sigue después
La contaminación radiactiva procedente de aquellas explosiones no conserva hoy la misma importancia sanitaria en todos los lugares.
Según las evaluaciones de Naciones Unidas, la dosis media anual que recibe actualmente la población mundial por el fallout residual de las pruebas es muy pequeña, del orden de unos pocos microsieverts, y continúa disminuyendo.
Para la inmensa mayoría de las personas, aquellas pruebas no representan hoy una exposición radiológica significativa.
Pero una media mundial no describe las condiciones particulares de los antiguos lugares de ensayo. Y tampoco permite medir los desplazamientos, los usos del territorio que siguen restringidos o las compensaciones pendientes.
El estroncio-90 encontrado en los dientes de leche demostró que una explosión nuclear podía dejar rastros a miles de kilómetros.
Las Islas Marshall muestran algo más difícil de medir: cuánto tiempo puede permanecer una decisión política en la vida de quienes tuvieron que soportar sus consecuencias.
En 2026, todavía hay atolones sometidos a vigilancia ambiental, terrenos rehabilitados con restricciones y reclamaciones económicas sin resolver.
Los ensayos nucleares en las Islas Marshall terminaron en 1958.
En 2026, siguen pendientes reclamaciones por las consecuencias de aquellas pruebas.
